CASTO OCANDO El Nuevo Herald

Un error técnico de una corte de inmigración salvó a una familia venezolana de una segura deportación a su país, donde se considera perseguida por partidarios del presidente Hugo Chávez. El caso reviste especial importancia, pues podría sentar un precedente a favor de cientos de sus compatriotas cuyas peticiones de asilo político han sido negadas o se encuentran en un limbo migratorio.

La Junta de Apelaciones de Inmigración, con sede en Virginia, decidió reabrir el caso de asilo político que presentó Fernando Arenas, quien vino a Miami con su esposa y sus dos hijas en el 2002, tras recibir amenazas de muerte en su región natal del estado de Zulia.

La reapertura del expediente permitió a los Arenas presentar la semana pasada un recurso de emergencia para que un juez de inmigración revisara totalmente su situación.

Si bien el caso ya fue considerado ''cosa juzgada'', una cláusula legal otorgará a la familia una nueva oportunidad para demostrar no sólo que continúa en peligro mortal, sino que también el entorno político en Venezuela ha empeorado considerablemente desde que el caso fue cerrado en el 2005.

Cuando llegaron a Miami hace cinco años, los Arenas pensaron que iban a dejar atrás un capítulo violento y doloroso que vivieron en su país, pues declararon que allí habían recibido amenazas de muerte por parte de invasores que se identificaban como seguidores de Chávez.

La familia había laborado por décadas en la productiva región del occidente de Zulia, administrando una finca de una hectárea y media que mantenía abundante pasto para ganado, y donde comenzaba a desarrollarse un proyecto para la siembra masiva de palma aceitera, utilizada en la producción de aceite vegetal.

A pesar de que los productores habían frenado varios intentos de invasión de sus tierras, cuando Chávez comenzó a promover la ocupación de terrenos ociosos en el 2000, un grupo de personas ''invadió la finca y ya no salió de ahí'', sostuvo Arenas, quien entonces tenía a su cargo la gerencia de la empresa agrícola familiar.

Ese año, se vio obligado a salir de la zona junto a su esposa Rosario y sus dos pequeñas, después de que fuera objeto de un tiroteo ''de advertencia'' en un lugar ``donde todo el mundo anda armado y nadie paga los muertos''.

Eventualmente, la familia perdió la propiedad, que continúa ocupada al día de hoy. El proyecto terminó en el fracaso económico y los Arenas quedaron en la ruina.

Pero las dificultades no se acabaron con su llegada a Miami. Durante tres años estuvieron tratando de convencer a las autoridades de inmigración de Estados Unidos de que su vida corría peligro si los obligaban a retornar a Venezuela.

La solicitud de asilo político que presentaron les fue negada varias veces, y ni siquiera una batería de apelaciones fue suficiente para hacer que la opinión del juez cambiara.

En agosto pasado, varios agentes de inmigración acudieron a la casa de los Arenas en Cuttler Bay, al sur de Miami, para recoger al grupo familiar y enviarlo en un vuelo sin retorno con destino a Venezuela.

Pero los oficiales terminaron con las manos vacías. La familia permanecía en un lugar secreto mientras el abogado presentaba un recurso para reabrir el caso. Tenía dos argumentos de peso. Uno era que la corte había cometido el error de enviar la notificación de deportación de los Arenas a una dirección equivocada dos años antes, por lo que la carta nunca llegó.

''La corte de inmigración decidió corregir el error, y al corregir el error se vieron obigados a reabrir el caso'', explicó a El Nuevo Herald el abogado Alfondo Oviedo, que asumió la defensa de la familia venezolana.

El segundo argumento fue presentado como un recurso de emergencia una vez que el caso fue reabierto: las condiciones políticas en Venezuela han cambiado radicalmente en los últimos años y son cada vez peores.

''Hemos pedido que el caso sea revisado de nuevo porque hay cambios en la situación de Venezuela, y eso cambia las condiciones del país donde la persecución tiene lugar'', dijo el jurista.

Oviedo dijo que como prueba concluyente utilizaron las declaraciones emitidas recientemente por el general Raúl Baduel, en el sentido de que la reforma constitucional propuesta por el presidente Chávez constituye un golpe de estado.

''Baduel es el hombre que reestableció a Chávez después del golpe de estado de abril del 2002, y ahora es Baduel el que dice que Chávez se quiere entronizar como dictador. Realmente hay un cambio'', dijo Oviedo.

Adicionalmente, la defensa presentó en el recurso de emergencia una carta firmada por el arzobispo de Mérida y directivo de la Conferencia de Obispos de Venezuela, monseñor Baltazar Porras, en donde el prelado confirma que la familia Arenas correrá peligro mortal si regresa a Venezuela.

''Si la corte de inmigración reconoce que la situación en Venezuela se ha puesto mucho más grave, y que la situación de esta familia venezolana es tan grave que no pueden volver, ese mismo argumento puede usarse en miles de otros casos de venezolanos'', dijo Tony Revilla, un abogado de Miami que fue fiscal federal de inmigración.

Revilla dijo que si la junta de apelaciones decide revisar el caso a la luz de los nuevos cambios en la situación política en Venezuela, ``esa decisión puede usarse para reabrir otros casos de venezolanos que han perdido la apelación para obtener el asilo político''.

El caso de la familia Arenas está sirviendo también de inspiración a activistas pro inmigrantes, para promover un programa de revisión de los casos de asilo político de otros venezolanos cuyas solicitudes fueron rechazadas.

La líder de la Fraternidad Americana, Nora Sandigo, quien junto con el abogado Oviedo se hizo cargo de la familia Arenas para evitar su deportación, dijo que el caso le sirvió para solicitar formalmente en septiembre pasado al Departamento de Estado la activación de un programa de revisión de casos de asilo político de venezolanos.

La idea es formalizar un Programa de Revisión para Venezolanos, similar al que se instrumentó en la década de 1990 para revisar los casos de los asilados políticos de Nicaragua.

''El objetivo es detener las deportaciones de venezolanos y lograr que los casos sean revisados uno por uno'', dijo Sandigo, que durante la década pasada ayudó a lograr que un programa similar protegiera a unos 40,000 nicaragüenses de la deportación indiscriminada.